Defensores de primera línea y activistas utilizaron el arte, la cultura y los testimonios para reivindicar el embargo energético y la transición justa como demandas políticas fundamentales en la Primera Conferencia Internacional sobre la Transición para Abandonar los Combustibles Fósiles.

27 de abril de 2026
SANTA MARTA, COLOMBIA – Hoy, una amplia coalición de activistas, defensores de la tierra, comunidades marítimas y organizaciones aliadas se ha apostado a la entrada del puerto carbonífero de Drummond en Santa Marta — la mayor terminal de exportación de carbón de Colombia — bloqueando el tránsito y ralentizando las operaciones. La acción directa exigió un embargo energético sobre los flujos de combustibles fósiles que sostienen materialmente el genocidio, los crímenes de guerra y la ocupación colonial, y pidió un marco de transición internacional basado en la justicia y la rendición de cuentas.
La acción fue llevada a cabo por Global Sumud, Climate Justice Flotilla, Debt For Climate, 350, ANGRY, United For Climate Justice, GARN, Resiste Glencore, así como por comunidades y trabajadores regionales de primera línea. Se llevó a cabo en paralelo a la Primera Conferencia Internacional sobre la Transición para Abandonar los Combustibles Fósiles, que se celebra en Santa Marta esta semana, donde delegados de más de 50 países se preparan para la sesión de alto nivel del 28 al 29 de abril.
Mientras se apostaban frente a la entrada del puerto, los manifestantes llevaban máscaras de animales, paneles solares y una serpiente simbólica, en señal de que la naturaleza se defiende a sí misma en una lucha común para detener la destrucción y reivindicar los sistemas que sustentan la vida.
A través del arte, la cultura y los testimonios directos, los participantes recuperaron el puerto — un lugar de lucro privado y perjuicio para la comunidad — como espacio político, declarando que los trabajadores, los pueblos indígenas y las comunidades de primera línea que soportan los costos de la economía de los combustibles fósiles deben ser protagonistas de una transición justa, no sus víctimas.
Una realidad global: los combustibles fósiles sostienen la guerra y el apartheid
La Conferencia de Santa Marta se celebra en un mundo en el que los combustibles fósiles no son solo un problema de emisiones: son la infraestructura material de la guerra. Desde Venezuela hasta Cuba, desde Palestina hasta Irán, la alianza entre Estados Unidos e Israel y sus socios continúan cometiendo crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y ecocidio en su afán por controlar los combustibles fósiles, bloqueando activamente el suministro de energía a quienes se niegan a cumplir con sus designios.
Cualquier marco de transición que no reconozca esta realidad le fallará a la gente que más lo necesita.
En la actualidad, la gobernanza climática regula las emisiones, no la complicidad. No controla la producción, el comercio, los seguros, el refinado ni las cadenas de suministro que permiten que los combustibles fósiles lleguen a zonas de guerra y ocupación. Los regímenes comerciales y de inversión protegen al capital de los combustibles fósiles, y ningún mecanismo climático existente hace cumplir las obligaciones de los Estados, en virtud del derecho internacional, de impedir que sus exportaciones contribuyan a atrocidades masivas.

Colombia ya ha demostrado lo que es posible
La decisión de Colombia de detener las exportaciones de carbón a Israel ha sentado un precedente indispensable: el comercio de combustibles fósiles no es neutral, y los Estados pueden actuar para evitar que sus exportaciones de energía sustenten materialmente la violencia masiva.
Pero un precedente sin aplicación es solo un gesto. Como demuestra el caso de Turquía —donde un embargo declarado no ha detenido los flujos de petróleo crudo a través de su territorio—, la brecha entre la voluntad política y la aplicación de las medidas es el espacio en el que la industria de los combustibles fósiles opera libremente. Construir la arquitectura que cierre esa brecha —lo que incluye la transparencia de la cadena de suministro, medidas contra la elusión y condiciones vinculantes— es la labor que esta conferencia debe iniciar.
Reconocemos el coraje y el liderazgo de Colombia. Hacemos un llamado a los países del Norte Global para que estén a la altura: asuman sus responsabilidades históricas, aceleren sus propios compromisos de eliminación gradual y paguen por la transición que han pospuesto durante décadas.
Nuestro mensaje
No puede haber una acción climática global creíble sin hacer frente a las cadenas de suministro de combustibles fósiles que permiten el genocidio y el ecocidio. No hay transición climática sin justicia global.
Desde cada río hasta cada mar, las cadenas de lucro que alimentan la violencia masiva deben ser desmanteladas, expuestas y eliminadas gradualmente. La Conferencia de Santa Marta ofrece una oportunidad decisiva para pasar de la retórica a la aplicación justa de las medidas.

Exigencias
- Convertir el embargo energético en una cuestión política central de esta conferencia. Los Estados deben poner fin a las transferencias de combustibles fósiles que sostienen materialmente el genocidio, los crímenes de guerra, la ocupación ilegal u otras violaciones graves del derecho internacional humanitario. Deben construir la arquitectura de cumplimiento que haga realidad los embargos: un instrumento de transparencia de la cadena de suministro global con seguimiento público de los envíos, divulgación del destino final y medidas contra la elusión que cubran las transferencias de barco a barco, la manipulación del AIS, el refinado por intermediarios y las estructuras opacas de los comerciantes.
- Proteger a los trabajadores, las comunidades y los pueblos indígenas como actores de primera línea en la aplicación de la transición justa. Los trabajadores que se nieguen a cargar, refinar, transportar o asegurar cargamentos de combustibles fósiles vinculados a crímenes atroces deben estar protegidos contra el despido, el enjuiciamiento y las represalias. Las protecciones para los denunciantes, los derechos sindicales y la posición de las comunidades deben incluirse en cualquier marco de aplicación desde el principio.
- Poner fin a la criminalización de los defensores de la tierra, el mar y el clima. Los Estados deben cesar de inmediato el enjuiciamiento, la vigilancia y la persecución de activistas, líderes sindicales y organizadores comunitarios que se oponen a la extracción y el comercio de combustibles fósiles. Los defensores que hacen posible una transición justa no pueden ser tratados como sus enemigos. Debe acabarse con la impunidad de quienes amenazan, atacan o matan a los defensores de la tierra.
- Reconocer la soberanía energética como fundamento de una transición justa. Los pueblos colonizados y ocupados deben tener el derecho a controlar sus propios recursos y sistemas energéticos. Un tratado sobre combustibles fósiles que no centre la soberanía energética reproducirá las jerarquías que construyeron la economía de los combustibles fósiles en primer lugar.
- Otorgar a las comunidades capacidad jurídica para rechazar la extracción y exigir responsabilidades. El consentimiento libre, previo e informado debe ser exigible. Las comunidades deben poder detener la extracción, retirar su consentimiento y activar obligaciones vinculantes para los Estados y las empresas, mediante mecanismos jurídicos que no requieran décadas de litigios para hacerse realidad.
- Abrir un camino hacia un Tratado de Combustibles Fósiles vinculante. El tratado debe abordar la producción, el comercio, las cadenas de suministro y la complicidad de los combustibles fósiles en crímenes atroces. Debe incluir la soberanía energética, la transparencia de la cadena de suministro, la protección de los trabajadores y la condicionalidad del derecho internacional en la financiación climática y de la reconstrucción. Debe establecer obligaciones de financiación reparadora para los Estados y las empresas cuya producción y comercio de combustibles fósiles hayan sostenido materialmente conflictos, crímenes internacionales y destrucción ecológica.
Acciones y reivindicaciones organizadas en coalición por: Global Sumud Flotilla, Climate Justice Flotilla, Debt For Climate, 350, ANGRY, United For Climate Justice, GARN, Resist Glencore, Artivist Network, Palestinian Institute for Climate Strategy (PICS), Palestinian Boycott, Divestment, Sanctions Movement (BDS), The Palestine New Federation of Trade Unions, The Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign (Stop the Wall), Disrupt Power, Global Energy Embargo for Palestine (GEEP) y trabajadores, sindicatos y comunidades de primera línea aliados.
Imágenes y material audiovisual disponibles aquì